El Colegio de Técnicos denuncia que el Municipio “no tiene recursos humanos para llegar a todos lados". El Ejecutivo prepara un decreto para ampliar el marco regulatorio que obligará a los consorcios a hacer estudios técnicos de las fachadas y estructuras.
¿Pudo haberse evitado la tragedia del fin de semana pasado en Punta Mogotes? ¿Existe un responsable? ¿Se habían hecho los controles suficientes en este viejo edificio de Puán y Acevedo? ¿El Municipio cuenta con los inspectores necesarios para abarcar a toda la ciudad? Mientras la Justicia investiga y busca respuestas, la vida de una mujer de 35 años y la de su hija de apenas 3 años se destruyó junto a la de su familia. Lo ocurrido, sin embargo, necesariamente reabrió el debate en torno al estado de los edificios de Mar del Plata y al marco legal para controlar el mantenimiento de las fachadas y balcones.
En el partido de General Pueyrredon la Secretaría de Obras del Municipio tiene actualmente bajo su supervisión alrededor de 3.500 edificios y cuenta con cinco inspectores para dividirse la tarea de ejercer control sobre cada uno de ellos. También cuenta con el apoyo de Obras Privadas, que tiene 75 inspectores.
No obstante, desde el Colegio de Técnicos cuestionan que en la Comuna “no hay capacidad de infraestructura, insumos ni recursos humanos para llegar a todos lados” y además deslizan la necesidad de rever las ordenanzas que regulan el mantenimiento de las fachadas, normativas que entre otros requerimientos y exigencias, demandan informes anuales para los edificios de más de 9 metros de altura.
La tragedia del pasado sábado en el centro comercial de Punta Mogotes conmocionó a la ciudad y al país en las últimas horas del 2018. El intendente Carlos Arroyo habló de lo ocurrido recién tres días después, el 1° de enero, al recibir a los primeros turistas en Año Nuevo. “A mí me duele el corazón por lo que pasó”, dijo sobre a la muerte de Agustina Ferro y su pequeña hija Indiana, de 3 años. Seguido, anunció que firmará un decreto “que obligue a todos los administradores de consorcios a hacer un estudio técnico de las estructuras de los edificios”. Para los técnicos, el decreto es “una medida apresurada” y remarcan que lo que verdaderamente falta es control.
Desde el Colegio de Técnicos Distrito V plantean que el Municipio “no cuenta con la cantidad suficiente de inspectores” para controlar correctamente y con la periodicidad necesaria a todas las obras y edificios de la ciudad, teniendo en cuenta el riesgo de muchos de ellos en función de su antigüedad.
“La Municipalidad tiene una falla y un déficit en ese sentido. No sabemos si por es una cuestión de estructura, de organización o si no alcanza la cantidad de inspectores que tiene el Municipio para hacer los controles necesarios, pero eso es lo que nos plantean: que hace un tiempo largo no hay capacidad de infraestructura, insumos y recursos humanos para llegar a todos lados”, explicó Martín Carrasco, maestro mayor de obras y presidente de la entidad colegiada.
El Colegio ha planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de reforzar el número de inspectores con los que cuenta el Municipio. “Con todas las denuncias que hay por obras clandestinas, edificios viejos y el mal estado de algunos de ellos no se llega a controlar todo”, aseguró Carrasco y planteó la necesidad de rever la normativa que regula el mantenimiento de las fachadas, debido a que la actual establece controles para edificios de más de 9 metros.
¿Qué dicen las ordenanzas?
El edificio de Punta Mogotes del que el pasado fin de semana se desprendieron los balcones y se produjo la muerte de una mujer y su pequeña hija, “no está dentro de la normativa” por tener menos de 9 metros de altura, explicaron desde el Colegio de Técnicos.
“Con todas las denuncias por obras clandestinas, edificios viejos y el mal estado de algunos de ellos no se llega a controlar todo”, dijo Martín Carrasco, presidente del Colegio de Técnicos.
“Las ordenanzas N° 12562 y 19115 regulan el mantenimiento de las fachadas y lo que exigen es un informe anual hecho por un profesional”, indicó el presidente de la entidad y señaló que a su vez este marco legal “determina cuáles son las condiciones de las fachadas en lo que tiene que ver con los recubrimientos y determinar que no haya desprendimientos”.
Si bien será la Justicia quien busca determinar si el fatal desprendimiento en Punta Mogotes podría haberse evitado a partir de la correcta aplicación de este marco legal, desde la entidad plantean que ese instrumento normativo “debería ser mejorado y actualizado” ya que si bien “una caída de escombros de cualquier altura puede ser fatal”, subrayan que “hay que optimizar los mecanismos de control” y en ese sentido la cantidad de inspectores “es clave”. “Quizás haya que modificar algunas metodologías para que todo lo que tiene que ver con la seguridad pública esté mejor normado”, dijo a su vez Martín Carrasco en ese sentido.
Por otro lado, todos los edificios de menos de 10 metros -como el caso del de Punta Mogotes- están bajo la responsabilidad de cada departamento y de cada edificio. “Así como tiene que hacerse cargo del mantenimiento de la vereda, el propietario, la administración o el consorcio tienen que hacerse cargo del mantenimiento del balcón”, apuntó el titular del Colegio de Técnicos.
Todos los edificios de menos de 10 metros -como el caso del de Punta Mogotes- están bajo la responsabilidad de cada departamento y de cada edificio.
En relación a si la tragedia ocurrida en Puán y Acevedo pudo haberse evitado o no, Martín Carrasco sostuvo: “Me falta información para saber si se pudo haber evitado”. Asimismo, destacó que hay que esperar el informe de los peritos para establecer si el fatal desprendimiento pudo haberse suscitado por errores en la construcción original que escaparían al mantenimiento de la fachada.
El decreto de Arroyo
El 1° de enero, al recibir a los primeros turistas del año en Mar del Plata, el intendente Carlos Arroyo anunció que firmaría un decreto “que obligue a todos los administradores de consorcios a hacer un estudio técnico de las estructuras de los edificios”.
Aclaró que existe una ordenanza desde hace 15 años que le otorga responsabilidad a la Comuna de los salientes de la línea municipal sólo cuando el edificio tiene más de tres pisos o 9 metros de altura y dijo estar “a disposición de la Justicia para que investigue si hubo algún tipo de responsabilidad”.
Según pudo saber LA CAPITAL, en los últimos días el Ejecutivo viene trabajando en un borrador de este decreto. El documento se haría público la próxima semana, ya que primero será consensuado con los colegios profesionales, ingenieros, arquitectos y consorcistas.
Lo que establecerá este decreto básicamente será una ampliación de la ordenanza N°13.562, que fija controles para edificios con más de nueve metros de altura o de más de tres niveles.
El decreto que anunció el intendente comenzó a ser trabajado junto al secretario de Obras del Municipio, el arquitecto Guillermo De Paz. Hasta el momento, solo es un borrador que suma elementos para incorporar al documento a partir de las observaciones que realicen los colegios profesionales.
El objetivo del decreto apunta a reforzar los mecanismos de control en los edificios de la ciudad, en el marco de una tarea que el Municipio busca llevar a cabo junto a administradores de consorcios para contar con informes técnicos de las estructuras edilicias con mayor periodicidad.